El presente escrito ha surgido de una extrañeza. Como dice Ortega, «sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. Es el deporte y el lujo específico del intelectual». Aunque alejado de «intelectualismos», debo confesarte ─¡oh, lector!─ cuál ha sido mi extrañeza al examinar la biografía de los tres políticos que sobrevuelan la historia del Canal de Isabel II. Vaya por delante que los tres políticos que considero (creo que objetivamente) como decisivos y, por tanto, más importantes, en la historia del Canal son: Bravo Murillo (el fundador), Sánchez de Toca (refundó el Canal) y Silva Muñoz, que puso en marcha las más importantes infraestructuras que configuran el abastecimiento actual. Pues bien, la extrañeza consiste en que Bravo Murillo y Silva Muñoz, políticos de gran talla y enormemente eficaces en su actuación administrativa, derivaron en un extremismo político de tipo dictatorial, mientras Sánchez de Toca hubo de enfrentarse con su jefe político Antonio Maura por la disputa de la titularidad (pública o privada) de servicios «estratégicos». Pero vayamos ahora a la historia.
Juan Bravo Murillo (1803-1873).
Presidente del Consejo de Ministros (1851-1852). Ministro de Gracia y Justicia (1847), de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (1847-48), de Hacienda (1849), de Marina (1849), presidente del Congreso (1858).
Ideológicamente ultrarreaccionario, pero dotado de un indudable sentido de Estado, procedió a poner fin, mediante el real decreto de 18 de junio de 1852, al desorden y arbitrariedad que presidían el acceso a las distintas categorías de funcionarios, lo que dio lugar en las décadas siguientes a la creación de los cuerpos profesionales de la Administración (correos, sanidad, cárceles, contabilidad y tesorería del Estado, aduanas, cuerpo de fiscales, notariado, profesorado e inspección de Hacienda), todo ello esencial, como es obvio, para la construcción del Estado.
En cuanto al abastecimiento de Madrid, la situación a mediados del siglo XIX era claramente desesperada. La población se suministraba de los antiguos «viajes de agua» que habían quedado totalmente insuficientes. Baste decir que la capital llegaba a contar tan solo con 7 litros por habitante y día para beber, aseo personal, limpieza doméstica y riego del arbolado, frente a cerca de 300 litros por habitante que se usan en la actualidad. El 18 de junio de 1851, la Gaceta de Madrid publicó el real decreto por el que se aprobaba la conducción de aguas a Madrid. El real decreto es un ejemplo de concisión y ejecutividad. Merece la pena detenernos un momento en el mismo. Comienza en su artículo 1º con una declaración taxativa: «Mi Gobierno procederá directamente a la ejecución de las obras necesarias para abastecer a Madrid con aguas saludables por medio de un canal derivado del río Lozoya, que se denominará Canal de Isabel II, admitiendo la participación del Ayuntamiento y de los particulares en los términos que se determinan en este decreto». En su artículo 2º expone: «El coste de las obras se calcula en 80 millones de reales de vellón, frente al cual el Gobierno hará uso de las siguientes medidas: a) las sumas que cada año se aprueben en el presupuesto general del Estado; b) suscripción voluntaria del Ayuntamiento de Madrid hasta 16 millones de reales; c) el producto de una suscripción voluntaria, al 6% de interés». Ahora bien, la cosa no funcionó bien del todo: los capitales privados acudieron en cuantía mínima, y el Ayuntamiento flaqueó, por lo que ─como ha ocurrido con frecuencia en nuestro país─ la financiación corrió casi en su práctica totalidad por los presupuestos generales del Estado.
Las biografías sobre Bravo Murillo lo describen como político, jurista, filósofo y teólogo; quizá esto último «alteró» su personalidad. Políticamente el gobierno de Bravo Murillo fue demasiado lejos: cerró las Cortes, gobernó por decreto y, alentado por el éxito del golpe de Estado de Luis Bonaparte en Francia (diciembre de 1851), proyectó una nueva constitución política que reforzaba al máximo el poder de la Corona y eliminaba en la práctica el cuerpo electoral (dejándolo en 7000 electores) y la función legislativa del Parlamento, al que concebía como un órgano meramente consultivo. El plan, que hubiese creado una especie de dictadura tecnocrática, fracasó, entre otras razones, por la oposición de los líderes y de los generales del propio Partido Moderado (conservador). Además, se definió por un último punto: la exclusión del Partido Progresista no ya del poder, sino (casi) de toda actividad política. Una de los frecuentes dichos de Bravo Murillo era: «Yo soy absolutista, pero de un absolutismo absoluto».
Joaquín Sánchez de Toca (1852-1942).
Presidente del Consejo de Ministros (1919). Anteriormente, ministro de Agricultura, Marina y Gracia y Justicia en los gobiernos del Partido Conservador de Azcárraga, Silvela y Maura (1900-1904). Alcalde de Madrid (1896-97 y 1907). Presidente del Consejo de Estado y del Senado. En 1931, llamado por Alfonso XIII, rehusó formar gobierno, que recayó en el almirante Aznar y dio lugar a las elecciones de abril de 1931 y el advenimiento de la República.
En 1867 quedó suprimido el consejo de administración del Canal, que quedó reducido a «una mera dependencia ministerial». Dicha fecha puede considerarse como el final de la etapa fundacional. Su recaudación se ingresará en el Tesoro; sus gastos se atendrán a las inflexibles cifras del presupuesto anual del ministerio. Esta situación durará cuarenta y un años, hasta 1907.
A finales de siglo, cuando Madrid alcanzaba los 600 000 habitantes, surgen con fuerza los problemas de desabastecimiento. La situación varía «entre la sequía y las turbias». Los diarios con mayor influencia en la opinión pública abren un apartado con la denominación «el conflicto del agua». Se producen fuertes discusiones en las sesiones del Ayuntamiento que, a continuación, se trasladan al Congreso, generalmente a cargo de los mismos actores, que cambiaban los papeles según estuviesen en el gobierno o en la oposición. La población recurría a los antiguos viajes de agua, faltos de conservación y frecuentemente contaminados. A finales de siglo, Madrid era la ciudad con la más alta tasa de mortalidad de toda Europa.
La ley de 8 de febrero de 1907 reconstituyó el Canal al primitivo modo de Bravo Murillo, con un consejo de administración presidido por un Comisario Regio, dependiente del ministerio de Fomento. Se le autorizaba para ingresar en su caja los cobros de agua y demás recursos, así como a levantar empréstitos para «llevar a cabo las suspiradas nuevas obras e instalaciones». El primer Comisario Regio, Joaquín Sánchez de Toca y el primer Ingeniero Director, Ramón de Aguinaga, se pusieron a la labor de poner al día el abastecimiento: suprimieron las concesiones «a caño libre»; construyeron el Canal transversal y el salto eléctrico de Torrelaguna; ampliaron el suministro a los barrios de Chamberí y Salamanca, alimentados por el depósito elevado de Santa Engracia, etc.
Ante la paralización del Canal de Isabel II, se había creado la sociedad privada Hidráulica de Santillana en 1905, propiedad del marqués del mismo nombre, para suministrar a Madrid energía eléctrica y agua a los barrios altos de la capital a los que no llegaban los suministros del Canal de Isabel II. Era uno de los accionistas de la empresa y consejero de la misma el presidente del Consejo y jefe del Partido Conservador Antonio Maura. El enfrentamiento con Sánchez de Toca, Comisario Regio del Canal y perteneciente al mismo partido político, fue notable, siendo muy sonadas las controversias entre ambos, representando respectivamente los intereses públicos y privados para hacerse en exclusiva con zonas de abastecimiento de la capital. El subsiguiente pleito ante los tribunales se prolongaría durante décadas, hasta 1965. Es de resaltar el papel de Sánchez de Toca en defensa del abastecimiento de agua como servicio público, por encima de intereses particulares y de partido.
En cuanto a la actuación política de Sánchez de Toca, presidente del Consejo de ministros entre el 20 de julio y el 7 de diciembre de 1919, podemos recordar ─en breves líneas─ la situación político-social de la época.
«A partir de 1919, España experimentó niveles de conflictividad social previamente desconocidas, situación particularmente grave en Barcelona en razón a la capacidad ofensiva de la central anarcosindicalista CNT y de la intransigencia patronal. (…) Fracasados los intentos de mediación, CNT y los patronos escalaron la violencia «pistolerista»: 226 personas ─entre ellas conocidos empresarios y destacados dirigentes sindicales, como Salvador Seguí─ fueron asesinados en atentados «sociales» entre 1916 y 1923.
Lo que fue una verdadera prueba de fuerza entre sindicatos y patronal, la huelga de la empresa de electricidad La Canadiense (febrero-marzo de 1919), se extendió a una huelga general local de toda Barcelona, que terminó con la mayor victoria alcanzada hasta entonces por el proletariado español. Pero la segunda parte del conflicto, en torno a la libertad de los detenidos, provocó (noviembre-diciembre) un largo cierre de empresas y una durísima represión contra los sindicatos. (…)
La resistencia patronal, además, frustró toda política de atracción del cenetismo (que parece quiso intentar en la segunda mitad de 1919 el efímero gobierno conservador de Sánchez Toca-Burgos Mazo. y hacia la que pudieron haberse inclinado líderes obreros como Seguí, Pestaña o Peiró). Cuando volvió al gobierno en 1920, Dato creó el ministerio de Trabajo, con la esperanza de iniciar una amplia legislación laboral que restableciese paulatinamente la paz social. Permitió, además, que la CNT reanudase sus actividades. Pero la Federación Patronal barcelonesa exigió e impuso una política de fuerza. Dato terminó por nombrar a un general, Martínez Anido, como gobernador civil de Barcelona. Como respuesta a la durísima represión que el general llevó a cabo, militantes de la CNT asesinaron al propio Dato, en Madrid, el 8 de marzo de 1921.« (Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox (1997): España: 1808-1996. El desafío de la Modernidad. Ed. Espasa, pág. 189).
Federico Silva Muñoz (1923-1997).
Ministro de Obras Públicas (1965-1970). Vicepresidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Fundador de Alianza Popular y primer presidente (1976). Presidente de CAMPSA y consejero de Banesto.
En los años 50 y primeros 60 del pasado siglo, la población de la capital no dejó de crecer, así como el consumo de agua. Pero las infraestructuras de abastecimiento no acompañaron ese crecimiento. Según los comentarios de la prensa, la construcción del embalse de El Atazar se había convertido en un «verdadero caballo de batalla entre el Canal y el ministerio de Obras Públicas». En 1963 se aprobó el Plan que disponía que el citado embale lo construyera el Estado y se introducían por primera vez las estaciones de tratamiento de agua, pero no se avanzó en la ejecución de dichas infraestructuras. Por esas fechas la población de la capital se aproximaba a los tres millones de habitantes.
El 12 de mayo de 1965 se produjo un colapso en el abastecimiento de Madrid que tuvo como consecuencia la implantación de restricciones en la capital (llegando hasta 18 horas diarias) y el cese fulminante del ministro Jorge Vigón por medio de un motorista enviado por el Caudillo. En su lugar fue nombrado ministro de Obras Públicas Silva Muñoz, llamado en su tiempo «ministro eficacia». Reactivó el Plan de 1963 que «entró en ebullición». Fruto de dicho Plan fue puesta en servicio los embalses de Pinilla (1967), Pedrezuela (1968), Navalmedio, La Jarosa y Navacerrada (1969), Manzanares el Real (1971), El Atazar (1972) y Valmayor (1976), Se construyó la elevación de aguas desde el Alberche, varios canales de transporte, seis estaciones de tratamiento de agua y la ampliación de la red de distribución con sus correspondientes grandes depósitos de regulación. Con ello, quedó configurado, en sus rasgos fundamentales, el mapa de las infraestructuras hidráulicas más relevantes del suministro actual de la Comunidad de Madrid, que abastece ahora a unos seis y medio millones de habitantes.
Silva Muñoz, en su etapa ministerial, también llevó a cabo el Plan Redia de carreteras y puso en marcha el Plan Nacional de Autopistas en España. Desarrollo el puerto de Bilbao. Puso en marcha el Talgo Madrid-París, teniendo que comunicarle a diario la hora de llegada del tren a París. También impulsó el Trasvase Tajo-Segura.
Políticamente estuvo incluido en la terna elaborada por el Consejo del Reino en 1976 para sustituir al cesado presidente del Gobierno Arias Navarro, junto con Gregorio López Bravo y un desconocido Adolfo Suárez, siendo Silva el candidato que entonces parecía que iba a ser elegido. Ese mismo año fue fundador y primer presidente de Alianza Popular, cuyo secretario general fue Manuel Fraga. Ante el fracaso de las elecciones de 1979, abandonó el anterior partido y creó Derecha Democrática Española, de ideología cristianodemócrata, próximo al partido ultraderechista Fuerza Nueva de Blas Piñar. En 1983 disolvió su partido y pasó a la empresa privada, siendo presidente de Campsa y vicepresidente de Butano, entre otros cargos. Abandonó el consejo de administración de Banesto a la llegada de Mario Conde.
Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que una relevante personalidad político-administrativa, de reconocida capacidad, evolucione hasta situarse en posiciones tan extremadas, como fue asimismo el caso de Bravo Murillo? Desde luego no se puede pensar que fuese debido a las aguas de Madrid. Hacen falta plumas mejor cortadas que la mía para examinar los factores que condicionan/dominan estos cambios, sean de naturaleza biológica, política, filosófica o … religiosa. Bástenos que quede el tema tan solo apuntado.
