La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado de “barbaridad” mantener el caudal actual de 38 hm3 del trasvase Tajo-Segura, y ha abogado por combinarlo con otros recursos, como la desalinización, para garantizar el agua en el sur de la Comunitat.
Coincidimos con la ministránsita en que el «ruido» que se está haciendo desde el lobby del Trasvase por el cambio de las reglas de explotación no se encuentra justificado. En que hay razones técnicas para cambiar las reglas. Y que es una barbaridad el actual trasvase de 38 hm³ en nivel 2. Pero es que alrededor del Trasvase Tajo-Segura son múltiples las barbaridades que hay, algunas de las cuales las hace propias en este breve vídeo de su intervención.
Una barbaridad es afirmar que la existencia del Trasvase permite garantizar el abastecimiento de agua de tres millones de personas. Recordemos que en los últimos años ha estado el Trasvase en nivel 4 durante meses consecutivos, en los que no ha habido ninguna restricción para estos abastecimientos. A su vez que los abastecimientos se tienen que garantizar dentro de los planes de cuenca, siendo el uso prioritario. Las cuencas receptoras del Trasvase tienen recursos propios para garantizar los abastecimientos de su población, que además pueden complementarlos con la desalación. Pero estos recursos propios de las cuencas receptoras no se asignan a los abastecimientos, que repetimos son los usos prioritarios, sino que se destinan para el regadío. Es un tema que hemos tratado en otras entradas, por ejemplo El engaño del abastecimiento en el Trasvase (1/4/2017).
Defender que el agua del Tajo garantiza los abastecimientos del Sureste es como asumir que hay que mantener a quien se gasta su sueldo en vicios reiteradamente. Pero es algo que está interiorizado en el propio planteamiento del Trasvase Tajo-Segura, pues de esta manera se consiguen tres objetivos pro lobby y contrarios al interés general: se evitan problemas con los regadíos tradicionales del Segura; se utiliza a los ciudadanos como paganinis del agua de los regantes; y se disfraza como social una infraestructura concebida para beneficiar a unos privilegiados terratenientes. Para reforzarlo, recordemos que el reparto de las aguas trasvasadas no se realiza dentro del plan hidrológico de cuenca, como establece la Ley de Aguas, sino que de manera excepcional se realiza directamente en la Ley 52/1980. Dando lugar al reclamo propagandístico y engañoso de que sin el Trasvase no saldría agua por el grifo de Murcia, Alicante y Almería. Discurso falaz, pero repetido por los diferentes prebostes del agua a lo largo del tiempo hasta llegar ahora a nuestra ministránsita, que lo asume con orgullo. Seguramente sin saber lo que hay detrás.
No es el único intento de engaño que hace en su discurso. También está su defensa de las reglas de explotación que propone. Coincidimos con ella cuando dice que con el trasvase actual de 38 hm³ al mes en nivel 2 se debilita al sistema y se le pone en riesgo para entrar en situaciones hidrológicas excepcionales, con una explotación poco razonable de los recursos que genera picos altos y bajos no sensatos. Pero es que lo que propone suaviza un poco estos picos, pero no los elimina. Recordemos lo tratado en entradas anteriores, que en la propia Nota técnica sobre la propuesta de actualización parcial de la Regla de Explotación del Trasvase Tajo-Segura (Centro de Estudios Hidrográficos ─CEDEX─, junio de 2020 se asume que la cuarta parte del tiempo seguirán estando en las situaciones de emergencia de los niveles 3 y 4. Cuando tiene sobre la mesa la Propuesta AMREEB de mejora de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, elaborada por el Grupo de Investigación del Tajo, que propone unas reglas de explotación que eliminarían completamente los picos a los que se refiere. Así, al igual que es una barbaridad el trasvase de 38 hm³ en nivel 2, también lo es la propuesta que defiende, pues también va a dar una gestión con altibajos cuando hay una solución al problema técnico de las reglas de explotación.
Ahora bien, para barbaridad está la existencia de las reglas de explotación. Son fruto del gran engaño que perpetraron en 1997 la Dirección General del Agua y el Centro de Estudios Hidrográficos para desactivar la disposición adicional novena de la Ley 52/1980 ─el carácter excedentario de las aguas del Tajo «se determinará en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo»─. Metieron con calzador una definición simplona y mala de excedentes en el plan de cuenca del Tajo, declarando excedentaria toda el agua embalsada en Entrepeñas y Buendía por encima de los 240 hm³ de capacidad ─menos del 10% de su capacidad de embalse─. Con esta argucia lograron sacar Entrepeñas y Buendía de la gestión del Tajo y meter una definición de excedentes de pega. Es tan mala que ni siquiera dice lo que se puede trasvasar. Para eso se sacaron de la manga las «reglas de explotación» que las utilizaban de manera interna para determinar el agua a trasvasar, ya al margen de la situación del Tajo, olvidándose totalmente de él. Unas reglas de explotación que nunca han conseguido su teórico objetivo de homogeneizar los trasvases anuales y evitar las situaciones de excepcionalidad hidrológica. Lo que han permitido las reglas de explotación es la sobreexplotación sistemática de la cabecera del Tajo, que se ha disfrazado desde el oficialismo del agua con el discurso de las sequías. Unas sequías que son forzadas por una penosa gestión y que causan fuertes impactos económicos, sociales y ambientales.
Consecuentemente, con un mal planteamiento, el resultado es malo. Las afecciones al Tajo han crecido, con incremento de su deterioro, incluida su cabecera. Pero eso no preocupa a nuestros dirigentes, que desde hace cuarenta años hacen la política del avestruz, meter la cabeza bajo tierra para no ver. Cuando se puso el problema sobre la mesa con el borrador fantasma del plan del Tajo de 2011 la reacción primera fue esconder ese borrador y condenarlo al olvido. Condenado porque exponía la realidad, al igual que hace la mencionada propuesta del Grupo de Investigación del Tajo, algo inadmisible en el autoritarismo hidrológico que vivimos. Meses después la Administración se entregó sin disimulo a los brazos del lobby del Trasvase con el nefasto Memorándum concebido para desactivar cualquier intento que se haga desde el Tajo para mejorar su estado. Con una legislación derivada que se mantiene vigente. La actual ministra, con su equipo, van a cumplir tres años en el cargo, sin que hayan promovido hasta ahora ningún cambio en la legislación del Memorándum para liberar al Tajo de la opresión del Trasvase. Recordemos que el cambio de las reglas de explotación que propone, además de tener una eficacia reducida, afecta únicamente a como se lleva al Sureste un agua que tiene el marchamo de excedentaria sin tener en consideración las circunstancias del Tajo. De manera que no puede utilizarse para mejorar la cuenca del Tajo, como así nos lo quiere presentar en su hoja de ruta (véase Sobre «la hoja de ruta» del Trasvase).
¿Qué pasa con los caudales ecológicos del Tajo? A pesar de haber cinco sentencias firmes del Tribunal Supremo instando a que se implanten, por ahora sólo hay una propuesta recogida en el Esquema de Temas Importantes (ETI) del Tajo, que no sabemos como se plasmarán en el borrador del plan ─que tendría que haberse presentado ya─ ni lo que se recoja en el plan definitivo. Ni cuando saldrá. Advertimos que la propuesta que se presentó en el ETI del Tajo no puede llevarse a la práctica en los términos en los que está la legislación tras el Memorándum. Para poder aplicarlos tienen que acometerse cambios legales de mayor calado y ambición que la timorata propuesta de cambio de reglas de explotación que se ha presentado. Teniendo en cuenta que este proceso se inició hace más de un año y todavía no ha visto la luz, ¿cuándo se dará cumplimiento a las Sentencias del Tribunal Supremo y se implantarán los caudales ecológicos en el río Tajo? ¿Lo dejamos también para el 2050?
La gestión del Tajo-Segura está llena de barbaridades. Barbaridades que dan lugar a otras barbaridades: ruina económica de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, con el vaciamiento de una zona que podría ser próspera con una gestión racional del recurso; deterioros y afecciones diversas en la cuenca del Tajo; sobreexplotación de recursos en el Sureste amparados en sequías forzadas por la mala gestión; el desastre ecológico en el Mar Menor; distorsiones económicas en el sector agropecuario debidas a las subvenciones encubiertas del Trasvase. Y un largo etcétera, en el que se puede incluir el «ruido que no necesariamente está justificado», al que se refiere la ministra y que no es más que el secuestro del debate técnico sobre las ideas para ser suplantado por la repetición de eslóganes publicitarios en defensa de unos intereses particulares.
Un caos de discursos populistas e ignorancia de la realidad que es característico del Trasvase. En esta web de Acuademia, Aquilino de la Parra nos ha regalado una interesante selección de extractos y conclusiones de la magnífica obra Los ingenieros del caos, de Giuliano da Empoli, en la que nos advierte de lo que está ocurriendo en la política en los últimos años. Un término, el de «ingenieros del caos», que puede aplicarse a nuestros ingenieros de la Dirección General del Agua y del Centro de Estudios Hidrográficos, pues han forjado el caos del Trasvase y se empeñan en mantenerlo.
Como hemos comentado en anteriores entradas, posiblemente la ministra realice estos intentos de engaño desde el convencimiento, al estar mal asesorada desde la Dirección General del Agua y del Centro de Estudios Hidrográficos. Lo que es otra barbaridad, el confiar ciegamente en el think tank hidrológico autor de las soluciones que han llevado al desastre actual, que llenos de prepotencia insisten reiteradamente en los mismos vicios de la gestión. Siguiendo el aforismo de Einstein «Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo», si se ha visto que la solución actual no es buena, mejor no insistir en ella.
