El pasado lunes 24 de mayo tuvo lugar en Madrid un intento del SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura), apoyado por autoridades políticas de Murcia y Alicante, de inundar (¿y colapsar?) las calles de la capital por medio de tractores, camiones y automóviles con objeto de hacer notar una protesta sobre supuestos recortes de agua en el trasvase Tajo-Segura. Esta manifestación, aunque fallida, estuvo acompañada de una campaña desinformativa sobre los supuestos beneficios económicos, sociales y ambientales que, supuestamente, el Trasvase tiene y tendrá sobre el levante mediterráneo. En las líneas que siguen comentamos estos supuestos, comenzando por la propia idea de realizar el trasvase Tajo-Segura.
Qué se podría afirmar de unos ingenieros que proyectan un trasvase desde la cabecera de un río, el Tajo, descabezándolo, sin tener en cuenta el desarrollo futuro de su cuenca (Guadalajara, Toledo y Cáceres) en cuanto a las necesidades de agua (abastecimientos urbanos, riegos, hidroelectricidad, etc.) y, lo que es más grave, del abastecimiento futuro del área de Madrid, la capital de España, que se podía perfectamente abastecer desde Entrepeñas por gravedad, obligando a la mayor concentración urbana de la península (6,5 millones de habitantes), la primer área de la economía y los servicios y la segunda zona industrial de España; repito, obligándola a tomar agua del Alberche con 300 m de elevación. O considerar para el futuro el suministro de la capital por medio de un trasvase desde el río Tormes, en la cuenca del Duero, por medio de varios túneles y elevaciones, como propugnaban los ingenieros del ínclito Centro de Estudios Hidrográficos, de infeliz memoria.
La historia del Trasvase Tajo-Segura ha sido, subsecuentemente, la historia de un gran fiasco: sólo se ha podido trasvasar la tercera parte (300 hectómetros cúbicos anuales) de la cantidad calculada en el proyecto inicial (1000 hectómetros cúbicos anuales) por falta de líquido, y aun forzando al máximo la situación de la cuenca del Tajo, desecándolo. Consecuentemente, sólo se recuperará por medio de tarifas la tercera parte de la inversión realizada por el Estado en el Trasvase. Al cabo de los 50 años de su funcionamiento (periodo legal para Hacienda para amortización de las grandes inversiones, de los que ya han transcurrido más de 40) el resultado económico (diferencia entre beneficios y costes para el Estado) será francamente negativo. ¡Menudo negocio hemos hecho los españoles con el Trasvase!
Además, ha habido otras partidas que no se toman en consideración. Nos referimos a los perjuicios en la cuenca del Tajo, por ejemplo, el aborto del área residencial/deportiva/turística de los embalses Entrepeñas-Buendía, así como los perjuicios causados en la cuenca del Segura, como la degradación/destrucción del Mar Menor, situaciones que «no entran en las cuentas».
Pero, sobre todo, el mayor perjuicio socio-político ha sido la aparición de un Leviatán murciano, monstruo del agua bajo la forma de un sindicato de regantes, que somete a su dictamen y control no sólo la política del agua, agrícola y comercial de la región, sino que impone sus criterios en la política regional y con pretensiones de la nacional, solicitando unilateralmente la realización de un Plan Hidrológico Nacional (¡otro!), amordazando cualquier manifestación disidente, monopolizando las «verdades alternativas» sobre la política y la economía regional. Todo ello montado sobre los cuantiosos beneficios que el trasvase produce para una élite parasitaria del Estado.
Pero vayamos a lo de ahora. Proclaman los manifestantes y sus corifeos que la riqueza originada por el Trasvase se valora en unos 3000 millones de euros anuales. Resulta que el trasvase medio para el riego en los últimos 40 años ha sido, como media, de unos 200 millones de metros cúbicos anuales (los 100 millones del Trasvase destinados al abastecimiento no sufrirían modificación). Debido al cumplimiento de cinco sentencias del Tribunal Supremo que obliga a imponer caudales ecológicos en el curso del Tajo, el volumen trasvasado se vería reducido (pongamos por caso) a 100 millones de metros cúbicos anuales. Pues bien, suponiendo que estos volúmenes hubieran de ser sustituidos por aguas desaladas, más caras, pongamos a 0,6 euros por metro cúbico, los 100 millones de metros cúbicos de sustitución vendría a costar 60 millones de euros anuales. Sobre los 3000 millones de beneficios, viene a representar el 2% de los ingresos.
Conclusión: no tiene justificación la movida emprendida por el SCRATS y las autoridades locales por una disminución de ingresos del 2% como máximo. Aquí hay otras motivaciones de tipo meramente político. Como dice un periodista del diario La Verdad, el trasvase proporciona más votos que agua.
