Acepto el envite que me hace mi colega/duende El Martinico en www.acuademia.com, en la primera parte de estos spots dedicadas a la sequía. El trabajo que me dictó/encargó fue el de poner un ejemplo entre las áreas españolas en las que la demanda de agua se ha disparado por la apetencia de negocio con el recurso hídrico, ansia que señala como un elemento importante generador de las recurrentes sequías.
Los ejemplos que pueden ponerse son varios. Entre ellos el acuífero de la Mancha Occidental, soporte de unas 120 000 hectáreas regadas con aguas subterráneas, con problemas de sobreexplotación y afección a humedales, entre ellos el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Respecto a este problema hay que reseñar el caso curioso del cese de un presidente de la Confederación del Guadiana por mirar para otro lado respecto a los pozos y cultivos ilegales, seguido del cese del siguiente presidente por sancionar a los propietarios de dichos pozos ilegales. O al revés, que no recuerdo bien, pero que es lo mismo.
Otros casos que se podrían citar son la degradación y agonía del Mar Menor, por la puesta en su entorno de unas 25 000 hectáreas regadas con aguas subterráneas salobres tratadas, cuyos rechazos son vertidos al lagunazo causando graves problemas de eutrofización, contaminación y alteración de la salinidad. Podríamos seguir con el Delta del Ebro y la Albufera de Valencia, pero por no hacer más largas estas líneas nos limitaremos al caso del Parque Nacional de Doñana, emblema de los espacios ecológicos españoles y Patrimonio de la Humanidad.
La voz de alarma ha surgido recientemente con la aprobación en el Parlamento andaluz de una amnistía para 1400-1900 hectáreas ilegales regadas con aguas subterráneas en la corona norte del Parque Nacional. Los bombeos para estos riegos afectan indudablemente al ecosistema lagunar de Doñana. La amnistía fue aprobada por el PP, Ciudadanos y Vox, contando con la abstención del PSOE, lo que ha originado la enérgica protesta e intervención del Ministerio de Medio Ambiente español (o como se llame ahora) y de la Unión Europea. Pero conviene recordar la historia desde el principio, aunque sea brevemente.
La cosa empezó con el «Proyecto Guadalquivir», emprendido en 1971 por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), El Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El objetivo del proyecto era el de transformar en regadío 25 000 hectáreas en el entorno de Doñana. El IRYDA perforó 460 pozos en forma de cuadrícula, que arrojaron un aforo de 23 m3 por segundo (equivalentes a unos 725 hectómetros cúbicos al año). Cuando estas operaciones terminaron en 1976, ante las protestas que surgieron por grupos conservacionistas y personalidades por la segura afección al espacio protegido, se tuvo que hacer una revisión de objetivos, proponiendo unas extracciones de «solo» 70 hm³ anuales.
Abandonado posteriormente el plan estatal, la iniciativa privada puso en marcha riegos legales. ilegales, alegales, elusivos, amnistiables, etc., con diversas vicisitudes, mezclándose los problemas de los riegos en el entorno de Doñana con la «explosión» de regadíos en la provincia de Huelva. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prefirió ignorar el problema de Doñana durante 30 años. En 2014 se aprobó el «Plan Especial de Ordenación de los regadíos situados al norte de la corona forestal de Doñana», con amnistía a los regadíos ilegales anteriores a 2004, pero manteniendo la eliminación de 1500 hectáreas consideradas ilegales. Posteriormente, la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, aprobó la transferencia/trasvase de 20 hectómetros cúbicos desde la cuenca Tinto-Odiel-Piedras a la cuenca del Guadalquivir para sustituir bombeos de aguas subterráneas en el entorno de Doñana.
Merece señalar el excelente trabajo «Estudio de casos para la aplicación de la metodología sobre la recuperación de costes de los servicios del agua. El embalse de Melonares y la presa de Alcolea (España)», de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), del que son autores Joan Corominas, Pablo Corominas, Leandro del Moral, Abel la Calle y Francesc la Roca (2020), del que hemos extraído los datos fundamentales de lo que sigue, pues la información que contiene supera con mucho su título. Puede verse en la web.
Los regadíos en la provincia de Huelva sufrieron una gran expansión en las últimas décadas. Un elemento fundamental fue el embalse de Chanza, de 341 hm3 de capacidad, con una aportación media de 120 hm3 anuales. Con estos recursos y otros del sistema Chanza-Piedras, en Huelva se llegan a regar 46 000 hectáreas a las que se aplican 137 hm3 anuales. Los principales cultivos son los berries (fresón, frambuesa, arándanos…) y cítricos, aguacate y mango, todo ello con destino al mercado español y europeo. El valor de la producción total se estima en unos 770 millones de euros anuales. Mientras el rendimiento medio del secano se evalúa en 392 euros por hectárea, el del regadío alcanza los 17 000. Se generan 80 000 empleos que se cubren parcialmente con 23 000 extranjeros. Sin embargo, de los 10 000 desempleados de la provincia en 2020, solo se apuntaron 1000 a la recogida de las cosechas.
Para la resolución de los problemas de la corona norte de Doñana y el aumento de los regadíos de Huelva se proyectó la presa de Alcolea, en el río Odiel, y el túnel de San Silvestre. Como suele suceder en estos proyectos, el objetivo inicial que se manifestó fue el abastecimiento de Huelva y su zona industrial y la protección de las inundaciones en Gibraleón. Pero esto constituía un mero escudo defensivo. El objetivo no manifestado inicialmente son los riegos. El embalse tenía una capacidad de 274 hm³ y la distancia a Almonte era de poco más de 70 km.
La construcción de la presa comenzó en 2012 y se paralizó en 2017. El principal problema encontrado fue la calidad de las aguas del río Odiel, con alto contenido de ácido sulfúrico, óxido de hierro, metales pesados y acidez, debido a la explotación intensa de la franja pirítica (Fertiberia) y los lixiviados de los estériles. No parece que pueda seguir adelante.
Conclusión primera. Al parecer, al no resultar viable el embalse de Alcolea y el trasvase hacia la corona norte de Doñana, así como la demanda de agua en la provincia de Huelva que absorbe sus propios recursos, solo queda como opción factible amnistiar/legalizar los riegos con aguas subterráneas en las proximidades de Doñana, aun a costa del Parque Nacional. Esta es una operación recurrente de carácter general: se amnistían los riegos ilegales anteriores, se mira para otro lado respecto a los nuevos ilegales y, periódicamente, se vuelve a repetir la operación. Pero esta vez ¡se han pasado!
Conclusión segunda y última. En este país no hay quien se atreva a quitar una hectárea de regadío por más ilegal que sea. Antes se busca cualquier subterfugio. ¿Se podría llegar a la conclusión de que, en España, los empresarios agrícolas pretenden la inviolabilidad/impunidad de los riegos, anteponiendo/sacralizando los rendimientos económicos a cualquier otra consideración?
Y, entones, ¿qué hacemos con las sequías ante la desmesura del crecimiento de las demandas de riegos? Solo hay una respuesta: ¡que pague el Estado todo lo que se mueva, se riegue o se seque!
