Atiende lector o lectora, no debes relacionar la revolución que pienso contarte enseguida con la festividad del santo de hoy: Santo Domingo de la Calzada, patrón de los cuerpos (¡y las almas!) de los ramos de las obras públicas. Dejando aparte si el Santo también debería ser patrón de las gallinas asadas, no cabe por menos que como letrada felicite a mis colegas ingenieros, ingenieros técnicos y demás técnicos, con los que me relaciono a diario en el ministerio de la cosa.
Vayamos al asunto. ¿De qué revolución te pienso hablar? Pues, ¡ah sorpresa!, ni más ni menos que de la revolución que supone cumplir la legislación de aguas. Cumplirla en serio y en su totalidad; es decir, persiguiendo y sancionando a quien la incumpla. Te veo sorprendido perplejo lector que no pertenezcas a las interioridades de la administración del agua. Tu pregunta la veo venir enseguida: ¿ah, pero no se venía cumpliendo la establecido en la Ley de Aguas, sus reglamentos y sus normas asociadas? Mi respuesta es tajante: ¡pues no, señor o señora, no se cumplía y además se hacía cuestión política ─y se presumía incluso─ de su incumplimiento; tan fuerte como eso!. Lo que merece que me explaye con una necesaria explicación.
Antes de la Ley de Aguas de 1985 (va para casi 40 años) las aguas subterráneas de nuestro solar hispano eran propiedad de quien las alumbrase, siempre que no distrajese aguas públicas (las buenas, las superficiales, ¡¿eh?!) de su corriente natural. La Ley de Aguas de 1985 se basó en la unidad del ciclo hidrológico e incorporó las aguas subterráneas al dominio público hidráulico. Entonces surgió la cuestión de la transitoriedad: ¿cómo pasar del régimen anterior, de la propiedad privada de las aguas del subsuelo al régimen general de aguas públicas de la totalidad de los recursos hídricos? En principio la cosa se solucionó dando un plazo de tres años para reconocer los derechos a los propietarios de pozos privados anteriores a la nueva ley y otorgarles la nueva concesión administrativa para su uso. Pronto surgieron profesores de derecho administrativo (¿ideologizados?) que se opusieron a tal medida, confundiendo los pozos de extracción (meros instrumentos para obtener el líquido) con los derechos sobre el recurso y la mera disponibilidad del mismo. En otras palabras; confundían interesadamente la obra (el pozo) con el derecho al uso (concesión administrativa) y la simple existencia del recurso (cada vez menor por los fenómenos de sobrexplotación y salinización).
Además, sobre la cuestión venía a incidir otra consideración derivada del pensamiento de Joaquín Costa: la de la utilización del agua como bien productivo que el Estado debía fomentar. En ese sentido la acción de la administración pública consistía en coadyuvar a la creación de riqueza facilitando el agua a quien la necesitase y eliminando los obstáculos a quien se opusiese a su utilización. Esta idea, resumida en la frase «España no será grande mientras los ríos desemboquen en el mar» como desiderátum del aprovechamiento total de nuestros recursos hídricos, venían a chocar con los problemas que se habían presentado a partir de las décadas de 1980-1990 de sobreexplotación de ríos y acuíferos, contaminación, salinización y afección a humedales. Por consiguiente, se presentaban conflictos entre la ordenación de las explotaciones, en los planos técnicos, jurídicos, administrativos, económicos, sociales, ambientales, políticos e ideológicos.
¿Cómo reaccionaron los responsables de la administración del agua ante esta nueva tesitura? Pues demorando la vigencia de las nuevas ideas (aumento sucesivo de los plazos para legalizar los aprovechamientos anteriores a la nueva ley) y haciendo la «vista gorda» respecto a los pozos alegales o ilegales existentes con anterioridad, así como los que se estaban perforando a velocidades crecientes desde 1985. Incluso hubo alcaldes que en vísperas electorales no se privaron de declarar que en su término municipal no entraría ningún inspector de la administración del agua para detectar perforaciones ilegales. Siendo frecuente, además, las coacciones físicas a los funcionarios que pretendía cumplir lo dispuesto en la legislación de aguas, sin que los autores de la coacción sufriesen consecuencias penales posteriores. En una palabra: el campo se mostraba contrario a la ley de aguas y no se privaba de manifestarlo, siguiendo su tradición caciquil.
Las que sí tenían claro su papel ─en caso de conflictos entre usos y usuarios─ fueron los gobiernos autonómicos: ¡siempre a favor de sus votantes! Ahí tenéis ustedes los casos de Doñana (primera etapa), Las Tablas de Daimiel y el malhadado Mar Menor murciano. Había que legalizar todo lo existente hasta la fecha y, unos años después, volver a legalizar los nuevos pozos que se perforasen en el ínterin. Ante todo ¡agua para todos los nuestros!, sea como fuere. La legalidad era un pequeño obstáculo a subsanar. Y al medio ambiente ¡que le den…; eso no produce dineros ni votos, es cosa de ecologistas perroflautas e izquierdistas de mariscadas. Pero llegó la sequía a Doñana, y salieron a la luz pública las maniobras de la Junta andaluza para legalizar los votos, digo los pozos ilegales que llevan detrás los votos onubenses. Y Europa que se calle y dé dineros a los nuestros, de ninguna manera a los otros… Y el Estado, que es el culpable de todo lo que se mueva o esté parado, que pague todo lo que digamos nosotros y si no, le sacamos lo del terrorismo y el separatismo.
Pero como diría Gil de Biedma, «ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma». Dicho en corto: ¡hay que cumplir la legalidad!, comenzando por Doñana, ante las presiones internacionales y del gobierno del Estado. Marcha atrás de la Junta. Repercusión en todos los pozos nacionales: los ilegales se quedan sin justificadores. Comienzan las protestas en varios lugares contra los ilegales; sus defensores empiezan a desaparecer. El Seprona actúa y, ahora, nadie parece oponerse a que se sancione a los ilegales. Alguien apunta que, en nuestro país, el problema no son solamente los pozos ilegales sino también los legales en los acuíferos «tensionados», en riesgo (antes sobreexplotados). Se ha puesto en marcha una auténtica revolución en favor de la legalidad, ¡al fin! El tiempo (y los políticos) dirán. ¿O será tan solo mientras dura la sequía y las campañas electorales? Permanezcan atentos a la pantalla
