Damos por sentado que Murcia es una región semidesértica en la que los riegos producen cosechas de gran valor que constituyen una parte relevante de su PIB y de empleo de mano de obra. Pero reconocido este hecho, podemos pasar a una reflexión sobre la financiación de las obras hidráulicas en la región.
Se puede afirmar que desde épocas históricas el Estado se ha volcado en la financiación y ejecución de obras hidráulicas en la región. Por no retroceder a tiempos de más atrás nos limitaremos a recordar el Trasvase Tajo-Segura (incluyendo las infraestructuras de distribución del Postrasvase), el Plan de Avenidas o el Programa Agua de construcción de desaladoras (y, ahora de conexión entra las mismas).
La mayor parte de las realizaciones del Estado se han basado en lo que ─entre otros financieros─ exponía Mario Conde de manera general: las inversiones del Estado suelen ser a fondo perdido (piénsese, por ejemplo, en las carreteras); lo que cuenta son los gastos anuales de mantenimiento. Igual sucede con los préstamos a las grandes corporaciones o al Estado (deuda pública): el principal no cuenta, pues se puede renovar sucesivamente (con el mismo o con otro acreedor); lo que cuenta son los intereses anuales. Ante esta reflexión, se intentaban justificar las inversiones del Estado a fondo perdido alegando que, al aumentar la riqueza, aumentarían las recaudaciones de impuestos, con los cuales se compensaría al Estado. Bueno…
A lo que íbamos: las inversiones en obras hidráulicas en la región de Murcia han tenido escasa o nula recuperación. Por ejemplo, del Trasvase Tajo-Segura solo se recuperará a largo plazo del orden de la tercera parte de la inversión. Y no todos los «gastos variables», pues bastantes años se declaran exentos por situación de sequía. En cuanto a las desaladoras, no solo no se recuperará la inversión, sino que se subvencionan con las dos terceras partes (grosso modo) del coste de explotación durante 10 años (…de momento…). Pero el Estado sigue invirtiendo e invirtiendo en la región, preso de los lobbies políticos que ha salido de la lámpara maravillosa de la «participación» a través de nuevos cacicazgos. ¿Hacia dónde se dirige la situación creada y renovada una y otra vez? ─que se puede calificar de salto (tuerto o ciego) hacia adelante─. ¿Se ha hecho (o encargado) algún estudio económico serio sobre la rentabilidad económica para el Estado de esta situación mantenida en el tiempo? Por supuesto, no nos referimos a los beneficios de los lobbies de la agroindustria (sindicatos de productores y exportadores) capturadores de inversiones, subvenciones y demás beneficios extraídos del Estado, que incluyen ─sin vergüenza─ en el capítulo de ingresos.
