La Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía han enviado una misiva a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, alertando de las “graves consecuencias” que tendrán las próximas reglas del Plan Hidrográfico del Tajo y mostrando su preocupación por “la deriva de la política hídrica” del Gobierno de España. (…)
Por todo lo anterior, y ante la “tremenda preocupación” que esta deriva despierta en los 22 millones de españoles a los que representan estas comunidades autónomas (…)
Madrid, Murcia, C.Valenciana y Andalucía mandan una carta a Ribera preocupadas por “la deriva de la política hídrica”
Europa Press, 30 de julio de 2024¿22 millones de españoles que habitan en las comunidades autónomas representadas por los firmantes de la misiva a la Ministra están “tremendamente preocupados” por la política hídrica que critican? Lo preocupante es que unos gobiernos autonómicos se permitan determinar el pensamiento de los ciudadanos que representan. Si bien tienen un mandato institucional que les permite hablar en nombre de la administración autonómica en contextos específicos, no pueden legítimamente afirmar que representan la totalidad de los ciudadanos de la comunidad autónoma en todos los aspectos. La pluralidad y la representatividad democrática implican que ningún representante individual puede arrogarse tal representación total. Repasemos algunos artículos de la Constitución Española:
- Artículo 6: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”.
La diversidad de partidos y de opiniones refleja la pluralidad de la ciudadanía, por lo que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, si bien pueden actuar en nombre de la comunidad autónoma en asuntos de su competencia, no puede representar la totalidad de las opiniones y voluntades de todos los ciudadanos. - Artículo 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Los poderes públicos están obligados a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas. Esto implica que ninguna autoridad individual puede arrogarse la representación total de la ciudadanía, ya que debe reconocer la diversidad y pluralidad de la sociedad. - Artículo 23.1: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.
Los miembros de los Gobiernos autonómicos son representantes, pero no tienen la prerrogativa de hablar en nombre de la totalidad de los ciudadanos, ya que su legitimidad deriva de un proceso electoral y representa a la administración autonómica.
Por su parte, el artículo 68 de la Constitución establece la representación autonómica en el Congreso y el Senado, hecho que se extiende también a las Asambleas de las Comunidades Autónomas en el artículo 163 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). La composición de las asambleas legislativas autonómicas refleja de manera proporcional la diversidad de opiniones políticas de los ciudadanos, reforzando así la pluralidad y la democracia representativa.
Es lamentable como nuestras Administraciones Públicas se someten reiteradamente a los intereses y caprichos del lobby del Trasvase Tajo-Segura. Pero es improcedente que los representantes políticos, elegidos legítimamente, se arroguen la capacidad de decidir cuál es la opinión y pensamiento de la ciudadanía a la que representan. Una cosa es su servilismo e incapacidad para plantear una gestión hídrica mínimamente racional. Otra distinta es que se vulneren los principios básicos de la democracia con semejante descaro y desfachatez.
