Semanas atrás el Gobierno murciano presumía de haber facilitado un acuerdo de cesión de agua desde los «regantes tradicionales» a los del trasvase. La elección del término de cesión es engañosa ─no descartamos que haya podido ser intencionadamente─, pues da a entender que lo que se produce es una renuncia de volumen de los regadíos tradicionales a favor de los del trasvase, cuando lo que se acordó es que los regantes del trasvase tomaran 30 hm³ de los recursos de la cuenca, a cambio de una compensación económica, mientras que los regantes tradicionales usaban el agua que les corresponde sin merma alguna, al menos de momento.

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El suplemento «Agua y Medio Ambiente» (de «El Economista») del mes de febrero contiene el editorial «Una guerra del agua innecesaria». En un escenario en el que se han interpuesto decenas de recursos ante el Tribunal Supremo contra los planes del primer ciclo (2009-2015), parece sorprender al editorialista la decisión del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha de presentar sus propios recursos. Como argumento en contra de estos recursos, el editorial realiza un repaso de «las virtudes» de la legislación del memorándum.

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En el dibujo de Puebla publicado en el diario La Verdad del 17/2/2016, aparece un tractor laborando, con el agricultor que lo conduce llorando a lágrima viva. Observando la escena, dos paisanos mantienen la siguiente conversación:
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El adjetivo «maldito» tiene diversas acepciones recogidas en el Diccionario de la Lengua Española. Por diversos motivos que a continuación se exponen, las cuatro primeras describen al Memorándum del trasvase Tajo-Segura y la legislación que de él dimana. También se podría considerar la sexta acepción («que molesta o desagrada»), pero sería compartida sólo por los damnificados por el trasvase.

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«El Gobierno regional [Murcia] va a dar la batalla en la Unión Europea para exponer el déficit estructural que sufre la cuenca del Segura y la necesidad de que las autoridades comunitarias y el Parlamento Europeo se impliquen. La consejera de Agricultura, Adela Martinez-Cachá, le va a dar la replica a colectivos de otras regiones que han invitado a una delegación de eurodiputados a visitar el Tajo y el Ebro. El Ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez piensa solicitar que otra delegación de la Eurocámara recorra la cuenca del Segura para que tome nota, dado que sufre el mayor déficit del continente. Reclamará a Bruselas el mismo trato que dispensa a otras zonas y grupos de presión. En este sentido, espera que el dictamen que elabore el Parlamento Europeo sea equilibrado y tenga en cuenta la necesidad de recursos externos del Segura y el mantenimiento de una industria agroalimentaria que genera cientos de miles de puestos de trabajo en Murcia, Alicante y Almería.» (Cuaderno de Bitácora “Dar la batalla en Bruselas”, de Manuel Buitrago en el diario La Verdad del 12/2/2016). El contexto de este párrafo es la visita de un grupo de europarlamentarios, dentro de las actividades de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, para conocer sobre el terreno la situación del río Tajo, a raíz de la petición nº 0834/2012.

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¿Dónde están los «Informes de seguimiento» que se refieren en el artículo 5 del «Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura»? A la fecha, no se tiene conocimiento de su existencia. Otra constatación de que sólo se realiza lo que supone un beneficio inmediato para el lobby de regantes del trasvase.

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En el informe de indicadores de sequía del mes de enero de 2016 de la Confederación Hidrográfica del Tajo se refleja que los sistemas del Tajo que se encuentran en las provincias de Guadalajara y Cuenca están en situación «excepcional» respecto a la sequía: prealerta (Henares), alerta (Sorbe y Tajuña) y emergencia (Cabecera). Como se ha comentado en anteriores entradas, ha bastado un año con menores aportaciones para que la cabecera del Tajo esté en situación crítica. Los otros sistemas, que carecen de la capacidad de regulación del sistema Cabecera, se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a las presiones que soportan y a la irregularidad de sus aportaciones.

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El Agitprop trasvasista está revolucionado buscando nuevos grandes trasvases. De la parte alta del Ebro, del alto Duero o del Tajo medio. En los estudios que acompañaron al Plan Hidrológico Nacional se descartaron estas soluciones, aun considerando en los balances las aportaciones anteriores a 1980. Pero sin necesidad de realizar grandes estudios o cálculos, se puede razonar con la simple observación del mapa de «Precipitación media para la Península Ibérica e Islas Baleares (1971-2000)» (página 67 del «Atlas climatológico Ibérico», AEMET 2012), que se reproduce a continuación con la superposición de las divisorias de demarcaciones obtenidas del geoportal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA):

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El Plan Hidrológico Nacional de 2001 (en adelante, PHN), en el punto 4.3.4.1 del tomo de Análisis Económicos, dedicado a la productividad de los cultivos, muestra unas gráficas en las que se relacionan los costes y los ingresos en función de la dotación en parcela. Llama la atención que en más de la mitad de estas gráficas el coste crece muy lentamente con la dotación (a modo de ejemplo, se reproducen las correspondientes al tomate industrial y de invernadero). Tomando el precio que se propone en el PHN para el agua trasvasada —50 pts/m³ o 0,30 €/m³— se tiene un coste de agua de 0,05 Mpts/ha (300 €/ha) por cada 1000 m³/ha/año de suministro, que apenas es apreciable en la escala de los ejes de ordenadas de los gráficos. O dicho de otra manera, en el PHN se considera que el coste del agua es una parte pequeña —diferente para cada tipo de cultivo— del total de los costes de producción del regadío.

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«Los regantes lamentan no poder comprar agua del Ebro. Claver cree que si hubiera una conexión podrían adquirir sobrantes en el Delta» (La Verdad, 15/1/2015).

Al precio estipulado en la cesión habría que sumarle la tarifa del trasvase (0,30 €/m³ según el Plan Hidrológico Nacional en 2001, a lo que habría que añadir incrementos de costes por la energía, desviaciones de la ejecución respecto al proyecto, actualización del tarifa, etc.). Así el precio sería muy superior ─posiblemente más del doble─ a los 0,30 €/m³ que pagan por el agua desalada, con subvención incluida. ¿Es creíble este gimoteo por no poder «comprar» agua porque no está hecho el trasvase del Ebro? ¿O quizás dan por asumida la subvención, encubierta o pública?