Hay estudios realizados ad hoc y opiniones de profesionales de reconocido prestigio (¿independientes?) que pregonan la rentabilidad de la agricultura de las zonas regadas con aguas del Trasvase. En estos estudios de afirma alegremente que en los años de sequía en la cabecera del Tajo, años en que los trasvases se reducen significativamente, se producen cuantiosas pérdidas económicas y de empleos en la región. Sin embargo, ¿es achacable el descenso de ingresos a la merma de volúmenes trasvasados?. Esta idea de causa-efecto se repite machaconamente al modo goebbelsiano, con la pretensión de que pase por una verdad revelada. Incluso se le ponen números al descenso de ingresos ─de los que bien se esconde su procedencia─ para hacer valer los descarnados intereses crematísticos del Sindicato.

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En el artículo «Sale más agua de la que entra en los pantanos de cabecera del Tajo» (La Vedad, 9/1/2016) se insiste en denunciar, a nuestro juicio erróneamente, una mala gestión (¿complot?) en perjuicio de los intereses trasvasistas. La principal acusación es que se desembalsa desde los embalses de cabecera para los usos de la cuenca del Tajo más recursos de los que entran, tomando como base la interpretación que hace el lobby de regantes del trasvase de los datos del SAIH del Tajo.

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«Es de Barrio Sésamo. 400 hectómetros son más que 240 … No hay que hacer demagogia». Son declaraciones de Vicente Tirado ─secretario general del PP en Castilla-La Mancha y presidente de las cortes castellanomanchegas entre 2011 y 2015─, en las que además indica que la reserva de 400 hm³ «garantiza el agua en la región». Por otra parte, la subida del mínimo de 240 a 400 hm³ ha sido contestada desde posiciones trasvasistas por suponer un «riesgo» para el trasvase; como ejemplo de debate se puede consultar el borrador de acta de la sesión de agosto de 2013 de la Mesa del Agua de la Diputación Provincial de Alicante. Para clarificar conceptos del significado del nivel mínimo de no trasvase en los embalses de Entrepeñas y Buendía se propone una analogía con el indicador de reserva del depósito de combustible de un vehículo.

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Se han cumplido dos años desde la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con sus disposiciones relativas al Trasvase Tajo Segura, parcialmente declaradas inconstitucionales y reintroducidas en la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En estos 24 meses, 1 ha estado en «nivel 1» (normalidad, según el indicador de sequía de la cabecera del Tajo) de las reglas de explotación, 11 en «nivel 2» (prealerta) y 12 en «nivel 3» (alerta o situación de excepcionalidad hidrológica).

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En el diario La Verdad (17/12/2015) se incluye la noticia «Los caudales mínimos se triplican en el Tajo pese a la precaria situación de la cabecera». En el artículo subyace que cuando por un río circula un caudal mayor que un mínimo definido en una normativa se está tirando agua. Máxime si ese río es el Tajo y afecta al trasvase.

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El diario La Verdad recoge en su edición del 11 de diciembre de 2015 unas declaraciones del presidente del lobby de regantes del trasvase, en las que se indica que «si dependiéramos del Plan Hidrológico del Tajo, el Trasvase tendría muchos problemas», y «los problemas se deben a la sequía, y no al Memorándum». Estas dos expresiones son representativas de su discurso y, a la vez, de la causa del fracaso continuado del trasvase Tajo-Segura, como a continuación se expone.

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El diario La Verdad publicó una reseña el domingo 28 de noviembre de 2015 sobre la presentación del nuevo libro de su redactor jefe ─Manuel Buitrago─, con el título «Agua que nos une». Este título reproduce el eslogan de una campaña publicitaria del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, pero también refleja una realidad que se da en Murcia y con matices en Alicante, con una unanimidad en defensa del trasvase. El principal motivo de esta unión es que en la zona receptora del trasvase sólo se ve el beneficio de la llegada de agua fuertemente subvencionada (véase la entrada «Las trece subvenciones encubiertas del Trasvase Tajo-Segura y un epílogo imposible»), pero no se notan los daños que se producen en la cuenca cedente. Daños que ni siquiera quieren ser reconocidos, bajo el amparo de una falaz declaración de aguas excedentarias, fijada en Ley tras la desactivación continuada de la planificación del Tajo (véase la entrada «Trasvase Tajo-Segura: pactos, memorándum, despotismo hídrico»).

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Conforme al RD 773/2014, estando los embalses de Entrepeñas y Buendía en nivel 3 ─excepcionalidad hidrológica─, «el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de hasta 20 hm³/mes». Así, desde diciembre de 2014 se han emitido 11 órdenes ministeriales autorizando trasvases ─una por mes, salvo en abril de 2015 que estuvo en nivel 2─. Más allá de la polémica de  seguir trasvasando por debajo del umbral de 400 hm³, desde agosto de 2015 ha habido una reducción paulatina del volumen autorizado (15 hm³ en agosto, 10 hm³ en septiembre, 8 hm³ en octubre y 6 hm³ en noviembre). Estas autorizaciones suman 39 hm³, de los 80 hm³ máximos que podrían haberse autorizado. Sobre este aspecto se pueden hacer varias observaciones.

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En el diario La Verdad del 30 /10/2015, en la noticia que informa sobre la autorización del trasvase de octubre de 2015, se indica: «La transferencia correspondiente a octubre coincide con la mala situación que atraviesa el Sistema Entrepeñas-Buendía. Terminó el año hidrológico con las terceras peores aportaciones de la historia del trasvase». Es evidente que la situación de Entrepeñas y Buendía es mala, pero es erróneo que las aportaciones sean las terceras peores de la historia del trasvase. Y un error mayor que se ignore, sistemática e intencionadamente, que la causa real de esta mala situación en Entrepeñas y Buendía es la gestión insostenible del trasvase.

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