Madrid, un año de finales de los 80. Me encontraba en el despacho de un alto cargo de obras hidráulicas, ingeniero senior. Hacía poco tiempo que había aprobado yo el ingreso en el ministerio y me habían destinado a su unidad. Le estaba visitando para que me aclarase algunos aspectos del endiablado régimen concesional de las dichosas aguas. Recibió una llamada telefónica de nuestro director general. Nos indicó (en la administración no se debía decir «nos mandó»; quedaba más fino lo de la indicación) que al día siguiente asistiésemos a una reunión de la Junta general de la Confederación Hidrográfica del Segura, en Murcia. Digo nos «indicó» porque el mandato iba dirigido al alto cargo y a mí, como joven abogada, para que le acompañase y «fuere haciendo oído», según las palabras del baranda mayor que se me fueron repetidas.

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