General
De pronto caemos en la cuenta de que llevamos una larga temporada en la que no se habla del tan cacareado modelo de colaboración público-privada (CPP) para la construcción y explotación de obras públicas (perdón, de infraestructuras, que resulta más moderno).
Sospechamos que algo se escondería bajo las siglas CPP, pues ─como es sabido─ las palabras sirven para comunicarnos, pero también para esconder cosas sencillas. Y decidimos llevar a cabo una reflexión sobre el asunto.
Artículo 244 quinquies. Gestión de las reservas.
- El organismo de cuenca establecerá un conjunto de medidas de gestión de las reservas hidrológicas declaradas, que se incorporarán en los Programas de medidas de los Planes Hidrológicos de demarcación, en las que se contemplarán los siguientes aspectos:
- Actividades de conservación y mejora del estado de la reserva hidrológica, a través de la identificación de las principales presiones y de las medidas de gestión asociadas.
- Actividades de evaluación y seguimiento del estado de la reserva hidrológica, incluyendo los efectos del cambio climático.
- Actividades de puesta en valor de las reservas hidrológicas de la cuenca.
- Indicadores de seguimiento de las actividades.
- El organismo de cuenca llevará a cabo medidas de coordinación con las comunidades autónomas, respecto a las reservas hidrológicas declaradas, en relación con otras figuras de protección que hubiesen establecido en ejercicio de sus competencias respectivas las comunidades autónomas o, en su caso, el Estado, de acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la naturaleza.
(Redacción de artículo añadido al Reglamento del Dominio Público Hidráulico por medio del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales).
Tras varios meses de tramitación, el Gobierno ha conseguido dejar huella en la legislación con su medida ambiental estrella: las Reservas Naturales Fluviales (RNF). Forman parte de un nuevo concepto más amplio, las «reservas hidrológicas», que «tiene como finalidad preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana». Para ello ha añadido una serie de artículos al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, legislación sufrida que aguanta lo que la echen.
Seguir leyendo La puesta en valor de las Reservas Naturales Fluviales
Torrentes de tinta se han vertido sobre las desaladoras, tratadas como construcciones megalómanas e innecesarias, con una gran inversión pública para que estuvieran paradas. Ante la «atroz sequía» (de gestión, que no hidrológica) que se tiene en la cabecera del Tajo se subvenciona su uso para los regantes del trasvase Tajo-Segura. Y ahora, «alcanzan el tope» de su producción y se están realizando actuaciones urgentes para incrementar su capacidad (La Verdad, 16/11/2016). En qué quedamos, ¿valen o no valen las desaladoras?
Seguir leyendo Desaladoras: de innecesarias a ampliarlas
«Somos ineficientes como país ─y estarán de acuerdo conmigo─ cuando en una parte de nuestro territorio damos ayudas para paliar los efectos de las inundaciones, mientras en otros lugares el Gobierno invierte para paliar los efectos de la sequía».
En los últimos años, los episodios de crecidas del Ebro han ido acompañados de declaraciones que apuntaban que se habrían evitado si se hubiera construido el trasvase del Ebro[1]. En esa línea parece enmarcarse la intervención del Diputado, defendiendo el Pacto Nacional del Agua, que se transcribe al principio de estas líneas. Es un planteamiento en el que, contradiciendo el imperativo del Diputado, no podemos estar de acuerdo.
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«En qué quedamos, ¿dejamos trabajar a los técnicos? Mi opinión es que sí debemos hacerlo; o aportamos unas reglas objetivas como es el caso del memorándum, donde hay unas reglas que rigen la planificación hidrológica, y los políticos nos dedicamos a dar soluciones y a dejar trabajar a la gente que de verdad sabe, o nos dedicamos a abrir una guerra inútil sobre territorios».
En materia de aguas, la XII legislatura se ha iniciado con la aprobación el 19/10/2016 de la «Proposición no de Ley sobre un Pacto Nacional del Agua. (161/000524)». El texto de la proposición se encuentra en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los diputados. XII Legislatura. Serie D: General del 11 de octubre de 2016». La redacción de la propuesta juega con la ambigüedad, mencionando la «solidaridad y equilibrio territorial» sin referirse expresamente a los trasvases y evitando un compromiso claro y directo de la defensa del agua como factor ambiental. Es decir, se plantea un pacto para continuar haciendo la misma política del agua de los últimos años e intentar calmar o contener al lobby de regantes del Trasvase.
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Una de las últimas modificaciones de la Ley de Aguas (disposición final cuarta de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por la que se modificaba el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Aguas) tiene por finalidad la transferencia de derechos concesionales intercuencas (léase el trasvase de volúmenes de agua del Tajo al Segura por acuerdo entre particulares, al margen de las leyes reguladoras propias del Trasvase). La técnica legislativa utilizada ha consistido en incorporar a la ley un artículo de apariencia general, pero cuya aplicación se reducía a un caso concreto. Es lo que en el argot administrativo se conoce por «el concurso del campo del Betis», es decir, un concurso con condiciones de apariencia general pero al que solo le falta poner los nombre y apellidos del concesionario, pues las cláusulas las cumple y sólo las puede cumplir un único concesionario determinado de antemano. Se trata de utilizar el mercado del agua para hacer un «negociete» a varias bandas. Veamos.
Seguir leyendo La venta de agua de unas cuencas a otras: ¿un negociete?
En la nota de prensa «García Tejerina: La puesta en marcha de la EDAR de Burgos da respuesta a las exigencias de una buena gestión del Ciclo del Agua» (MAGRAMA, 24/10/2016), se da cuenta de la inauguración de la nueva EDAR de Burgos, dimensionada para más de un millón de habitantes equivalentes. Se indica que «se han invertido 57 millones de euros, cofinanciados por el Ministerio con fondos europeos y por el Ayuntamiento burgalés». Si se repasan otras grandes actuaciones de depuración realizadas en los últimos años, se observa que también han recibido fondos europeos. Pero, ¿realmente hay que subvencionar con fondos europeos el ciclo del agua en las ciudades?
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Se habla del problema del agua en España. Por lo poco que se trata en los programas electorales y por las intervenciones de políticos, parece que las soluciones son un «pacto nacional del agua», el «consenso entre territorios», el uso de las desaladoras, un nuevo «Plan Hidrológico Nacional», etc. Pero, ¿cuál es «el problema del agua en España»?
Seguir leyendo ¿Por qué lo llaman agua cuando quieren decir riego?
«La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado hoy que la política del agua debe garantizar la seguridad hídrica, tanto en las ciudades como en el campo. Por lo tanto, la Ministra entiende que “la seguridad hídrica es una cuestión estratégica”, de manera que la política hidráulica debe plantearse como una política de Estado.
Isabel García Tejerina hacía estas manifestaciones durante la inauguración de la segunda edición de los Diálogos del Agua América Latina-España (…)
García Tejerina también ha comentado que la cooperación con CAF [Banco de Desarrollo de América Latina] reafirma el compromiso de España con esta región a la hora de definir una visión estratégica integral que aborde los retos de la gestión del agua desde una perspectiva transversal, que tenga en cuenta las interrelaciones entre el agua y otras políticas sectoriales. Entre estas políticas, la Ministra ha citado la agricultura, el turismo, la ordenación del territorio, la energía o la protección del medio ambiente. (…)»
(Extraído de la nota de prensa del MAGRAMA ─Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente─ del 6/9/2016)
Mezcla la Ministra la seguridad hídrica de la ciudad con la del campo, ¿querrá esto decir que considera al mismo nivel de importancia la garantía del abastecimiento de las personas que la del riego de las lechugas? Pero indicar que la protección del medio ambiente es una política sectorial transversal al agua, define claramente la gestión del MAGRAMA.
En el diario La Verdad del 24 de agosto de 2016, se publica la noticia «Los agricultores acusan a la Comunidad y al Ministerio de poner en riesgo 20.000 empleos». Critican los agricultores «el cierre precipitado» de los salmueroductos, alegando que hay otras presiones causantes del deterioro del Mar Menor además de lamentar que el cierre de las conducciones no se hubiera realizado escalonadamente o se hubiera esperado a que estuvieran las otras soluciones en marcha.
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La revista de iAgua del mes de junio de 2016, contiene una entrevista a Ramón Tamames, catedrático, economista, tertuliano y expolítico, entre otras facetas. En esta entrevista, Ramón Tamames identifica el Plan Hidrológico Nacional como un asunto de recursos y demandas. Asume que hay 14 confederaciones hidrográficas en las que sobra agua y 2 con déficit ─Júcar y Segura─. Propugna que el «agua hay que ponerla donde rinde más», para lo que realiza una defensa a ultranza de los trasvases, en especial del Ródano y del Ebro. Habla de favorecer más el regadío en función del rendimiento. La única variable ambiental que contempla es «mantener un flujo ecológico».
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«En pleno agosto la playa cartaginense del Mar Menor está completamente vacía. El motivo es lo que ya llaman ‘La sopa verde’. La acumulación de residuos y algas en el fondo marino, ha provocado que el agua se haya vuelto verde».
(«El Mar Menor se encuentra en estado crítico», abc.es, 8/8/2016).
Aunque no con excesiva virulencia, hay referencias en prensa y reportajes televisivos sobre el estado de las playas del Mar Menor vacías, con imágenes de la «sopa verde». En la entrada «El Mar Menor y el Trasvase Tajo-Segura» se justifica que la principal causa del mal estado del Mar Menor es la agricultura del Campo de Cartagena, por un doble motivo: el exceso de fertilizante empleado en la actividad agraria, acumulado a lo largo de años, ha provocado que el acuífero bajo el Campo de Cartagena se encuentre con una altísima concentración de nitratos y otros nutrientes; y, en paralelo, la extracción del agua de este acuífero es pasada por plantas desalobradoras cuyos vertidos de rechazo ─con una concentración de nutrientes multiplicada varias veces respecto a la del acuífero─ se han estado realizando directamente al dominio público hidráulico.
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