El tan cacareado Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, inmortalizado en una foto como la de las Azores, con cinco presidentes autonómicos fingiendo un acuerdo impresentable, ha adquirido vertiginosamente el color sepia de las cosas anacrónicas. Y es que en el acuerdo y en las fotos faltaba un convidado de piedra, como en el don Juan Tenorio.
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En el informe de indicadores de sequía del mes de enero de 2016 de la Confederación Hidrográfica del Tajo se refleja que los sistemas del Tajo que se encuentran en las provincias de Guadalajara y Cuenca están en situación «excepcional» respecto a la sequía: prealerta (Henares), alerta (Sorbe y Tajuña) y emergencia (Cabecera). Como se ha comentado en anteriores entradas, ha bastado un año con menores aportaciones para que la cabecera del Tajo esté en situación crítica. Los otros sistemas, que carecen de la capacidad de regulación del sistema Cabecera, se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a las presiones que soportan y a la irregularidad de sus aportaciones.
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El Agitprop trasvasista está revolucionado buscando nuevos grandes trasvases. De la parte alta del Ebro, del alto Duero o del Tajo medio. En los estudios que acompañaron al Plan Hidrológico Nacional se descartaron estas soluciones, aun considerando en los balances las aportaciones anteriores a 1980. Pero sin necesidad de realizar grandes estudios o cálculos, se puede razonar con la simple observación del mapa de «Precipitación media para la Península Ibérica e Islas Baleares (1971-2000)» (página 67 del «Atlas climatológico Ibérico», AEMET 2012), que se reproduce a continuación con la superposición de las divisorias de demarcaciones obtenidas del geoportal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA):
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El Plan Hidrológico Nacional de 2001 (en adelante, PHN), en el punto 4.3.4.1 del tomo de Análisis Económicos, dedicado a la productividad de los cultivos, muestra unas gráficas en las que se relacionan los costes y los ingresos en función de la dotación en parcela. Llama la atención que en más de la mitad de estas gráficas el coste crece muy lentamente con la dotación (a modo de ejemplo, se reproducen las correspondientes al tomate industrial y de invernadero). Tomando el precio que se propone en el PHN para el agua trasvasada —50 pts/m³ o 0,30 €/m³— se tiene un coste de agua de 0,05 Mpts/ha (300 €/ha) por cada 1000 m³/ha/año de suministro, que apenas es apreciable en la escala de los ejes de ordenadas de los gráficos. O dicho de otra manera, en el PHN se considera que el coste del agua es una parte pequeña —diferente para cada tipo de cultivo— del total de los costes de producción del regadío.
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«Los regantes lamentan no poder comprar agua del Ebro. Claver cree que si hubiera una conexión podrían adquirir sobrantes en el Delta» (La Verdad, 15/1/2015).
Al precio estipulado en la cesión habría que sumarle la tarifa del trasvase (0,30 €/m³ según el Plan Hidrológico Nacional en 2001, a lo que habría que añadir incrementos de costes por la energía, desviaciones de la ejecución respecto al proyecto, actualización del tarifa, etc.). Así el precio sería muy superior ─posiblemente más del doble─ a los 0,30 €/m³ que pagan por el agua desalada, con subvención incluida. ¿Es creíble este gimoteo por no poder «comprar» agua porque no está hecho el trasvase del Ebro? ¿O quizás dan por asumida la subvención, encubierta o pública?
Antonio Fanlo es catedrático de derecho administrativo de la universidad de La Rioja. Quizá la línea principal de su currículo sea la de jurista del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (el Sindicato), ya que una parte importante de sus trabajos y dictámenes se relacionan con la defensa de los trasvases en general y del Tajo-Segura en particular. No se produce reunión pública o privada en el país relacionada con los trasvases en la cual no aparezca Antonio Fanlo.
Su última actuación (diciembre de 2015) ha sido la de prologar el inefable libro «El agua que nos une», escrito por el periodista Manuel Buitrago y editado por el Sindicato. Además, en las páginas 416 y siguientes del citado libro se le hace a Antonio Fanlo una especie de rara entrevista, en la que el entrevistado desvela su pensamiento sobre la cuestión. Veamos.
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Hay estudios realizados ad hoc y opiniones de profesionales de reconocido prestigio (¿independientes?) que pregonan la rentabilidad de la agricultura de las zonas regadas con aguas del Trasvase. En estos estudios de afirma alegremente que en los años de sequía en la cabecera del Tajo, años en que los trasvases se reducen significativamente, se producen cuantiosas pérdidas económicas y de empleos en la región. Sin embargo, ¿es achacable el descenso de ingresos a la merma de volúmenes trasvasados?. Esta idea de causa-efecto se repite machaconamente al modo goebbelsiano, con la pretensión de que pase por una verdad revelada. Incluso se le ponen números al descenso de ingresos ─de los que bien se esconde su procedencia─ para hacer valer los descarnados intereses crematísticos del Sindicato.
El todopoderoso Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) acaba de publicar un voluminoso libro de 591 páginas «ad majorem suam gloriam» (perdón por el incorrecto latinajo). Se intitula «El agua que nos une» y ha sido perpetrado por Manuel Buitrago, periodista de cabecera del sindicato y redactor del diario «La Verdad», de Murcia. Cuenta con una cuidada presentación de la impresión, pero mucho menos cuidado su contenido intelectual.
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Madrid, un año de finales de los 80. Me encontraba en el despacho de un alto cargo de obras hidráulicas, ingeniero senior. Hacía poco tiempo que había aprobado yo el ingreso en el ministerio y me habían destinado a su unidad. Le estaba visitando para que me aclarase algunos aspectos del endiablado régimen concesional de las dichosas aguas. Recibió una llamada telefónica de nuestro director general. Nos indicó (en la administración no se debía decir «nos mandó»; quedaba más fino lo de la indicación) que al día siguiente asistiésemos a una reunión de la Junta general de la Confederación Hidrográfica del Segura, en Murcia. Digo nos «indicó» porque el mandato iba dirigido al alto cargo y a mí, como joven abogada, para que le acompañase y «fuere haciendo oído», según las palabras del baranda mayor que se me fueron repetidas.
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En el artículo «Sale más agua de la que entra en los pantanos de cabecera del Tajo» (La Vedad, 9/1/2016) se insiste en denunciar, a nuestro juicio erróneamente, una mala gestión (¿complot?) en perjuicio de los intereses trasvasistas. La principal acusación es que se desembalsa desde los embalses de cabecera para los usos de la cuenca del Tajo más recursos de los que entran, tomando como base la interpretación que hace el lobby de regantes del trasvase de los datos del SAIH del Tajo.
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«Es de Barrio Sésamo. 400 hectómetros son más que 240 … No hay que hacer demagogia». Son declaraciones de Vicente Tirado ─secretario general del PP en Castilla-La Mancha y presidente de las cortes castellanomanchegas entre 2011 y 2015─, en las que además indica que la reserva de 400 hm³ «garantiza el agua en la región». Por otra parte, la subida del mínimo de 240 a 400 hm³ ha sido contestada desde posiciones trasvasistas por suponer un «riesgo» para el trasvase; como ejemplo de debate se puede consultar el borrador de acta de la sesión de agosto de 2013 de la Mesa del Agua de la Diputación Provincial de Alicante. Para clarificar conceptos del significado del nivel mínimo de no trasvase en los embalses de Entrepeñas y Buendía se propone una analogía con el indicador de reserva del depósito de combustible de un vehículo.
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Se han cumplido dos años desde la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con sus disposiciones relativas al Trasvase Tajo Segura, parcialmente declaradas inconstitucionales y reintroducidas en la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En estos 24 meses, 1 ha estado en «nivel 1» (normalidad, según el indicador de sequía de la cabecera del Tajo) de las reglas de explotación, 11 en «nivel 2» (prealerta) y 12 en «nivel 3» (alerta o situación de excepcionalidad hidrológica).
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