Hace ya bastantes años, por encargo de la Superioridad (que así hablábamos en la Consejería), tuve que organizar un curso para funcionarios de diversa laya sobre Evaluación Ambiental de Proyectos, que entonces estaba empezando. Algún desaprensivo había llamado a la Evaluación Ambiental «la póliza de cinco pesetas de los proyectos»; se trataba de contrarrestar esa mala opinión. Había que desarrollar para cada proyecto lo proclamado por el Real Decreto Legislativo 1302/1986. Se trataba de contestar a cuestiones novedosas que fijaba el Real Decreto, tales como: