​«Cuando tras un siglo de grandes obras hidráulicas promovidas por el Estado no se ha conseguido satisfacer las exigencias de agua de la población, ni erradicar los efectos nocivos de la sequía, pero sí deteriorar gravemente los ecosistemas acuáticos y la hidrología superficial y subterránea del país, deberíamos reflexionar sobre los efectos colaterales perversos que conlleva el camino de gestión adoptado, a fin de corregirlos en vez de persistir en ellos. El continuado empeño en resolver situaciones de carencia a golpe de obras (de oferta) contribuyó a expandir la escasez socialmente provocada, originando una espiral de insatisfacción y deterioro que todavía se encuentra en expansión. En efecto, al alimentar con cargo al presupuesto del Estado una política de obras hidráulicas de oferta de agua a bajo precio, se promovieron implícitamente prácticas de gestión y usos del agua muy dispendiosos, sin que las administraciones responsables de su gestión trataran de ponerle coto, ya que, dando por buenos estilos de vida y actividades cada vez más exigentes en agua, se generaban nuevas escaseces que justificaban a su vez nuevas inversiones, obras y negocios en su área de competencias.
(…) Este proceder irresponsable ha convertido los planes hidrológicos en un instrumento para que los usuarios potenciales de cada cuenca pidan al Estado que haga las obras necesarias para concederles nuevos caudales, sin el necesario freno de especificar su compromiso de pagar los costes de realización y de preocuparse por los daños sociales y ambientales que pudieran ocasionar. Esto ocurrió con el proyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN) propuesto en 1993 y ha seguido ocurriendo con el PHN 2000. Los planes de cuenca tendieron a inflar en ambos casos los horizontes de demanda y déficits consiguientes que resultaban de dar rienda suelta a los deseos emitidos por políticos y demás representantes de los beneficiarios locales, entrando en una negociación viciada desde el origen, en la que se mezclan confusamente límites presupuestarios, consideraciones técnicas y forcejeos políticos. En vez de iniciar su razonamiento tratando de adaptar los usos a las disponibilidades de agua que podrían desviarse del ciclo hidrológico sin ocasionar graves deterioros ecológicos y costes económicos, la planificación hidráulica ha venido razonando a partir de unas demandas cada vez más infladas, para proyectar después las inversiones necesarias para abastecerlas, sin reparar en costes ni consecuencias».

Pensamos que la extensa cita, procedente del libro «Ideas y propuestas para una nueva política del agua en España» (2004), de Antonio Estevan y José Manuel Naredo (Fundación Nueva Cultura del Agua y Editorial Bakeaz), nos releva ─con este texto claro y conciso─ de explayarnos sobre el tema. Concluía Antonio Estevan, ya fallecido, que la política del agua en nuestro país podría resumirse en una magnificación de los recursos y las demandas y una minusvaloración de los costes.

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