El fin puede justificar los medios, pero ¿quién justifica el fin? (Albert Camus)
La política hidráulica española desde el Plan de canales y pantanos alimentadores de 1902 (Plan Gasset) hasta la década de 1990 ha sido principalmente una política agraria de riegos. Se trataba de aprovechar un bien que se desperdiciaba. Juan Álvarez Mendizábal, un político liberal de mediados del siglo XIX, llegó a exclamar: España no será grande mientras los ríos desemboquen en el mar, consigna que, sorprendente e impensadamente, vuelve a repetirse siglo y medio después cuando, por ejemplo, el Ebro desagua al mar una gran avenida a través de su delta.
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Varios autores del areópago de la www.acuademia.com (Quijotero, El Mengue y Trasiego), en los últimos tiempos la han tomado con lo que denominan «empresa de demoliciones» de la vieja política del agua (o «política hidráulica», como se la venía llamando tradicionalmente). Se trata, en pocas palabras, de pasar de una vez de la política de construcción de obras de riego por parte del Estado para beneficiar a unas élites regionales o locales (caciques agrarios), repercutiendo solo una parte menor de los costes; digo, pasar desde la política hidráulica tradicional a una auténtica «política del agua» que tenga por objeto la consideración de que «el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal» (considerando 1 de la Directiva Marco del Agua europea). O más brevemente: pasar de una política de riegos a otra de conservación del recurso y ecosistemas asociados, en línea con los países europeos más desarrollados. Todo ello, ─¡no se me vayan a escandalizar!─ sin tocar prácticamente los llamados usos productivos/pecuniarios/no especulativos del agua. Solo mínimos «acomodos», si fuere necesario y con «concertaciones», etc., que no está el ambiente para dejar de ser moderados.
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Hay que reconocer que Quijotero ha destapado la olla de la política del agua. En su entrada de Acuademia «Propuesta de revisión de las bases de la política del agua» del pasado 15 de agosto, el autor inicia un debate con vistas a remozar el edifico político/técnico/institucional de nuestra política del agua. Y es que la normativa vigente sobre el agua se ha convertido en un galimatías rococó en la que terminamos sin saber a qué atenernos; las instituciones están paralizadas y vaciadas de contenido en favor de entes semiprivados poco transparentes; del régimen económico financiero sólo queda su carácter ceremonial; las inversiones sin saber dónde acudir; la planificación hidrológica, intervenida políticamente; los expertos hidráulicos, mareados; los jueces que tienen que dictar sentencias sobre las cosas del agua, atónitos. En suma: ¡hay que rejuvenecer, clarificar y, sobre todo, simplificar el «sistema” del agua poniéndolo en hora!
Nos proponemos en las líneas que siguen tocar tres temas que Quijotero dejó ─en su entrada─ dentro de la olla: el régimen concesional; la Directiva Marco del Agua europea, que es cualquier cosa menos una «biblia del agua»; y los mercados del agua. No obstante somos conscientes de que quedan muchos temas más que considerar ─demoliciones que proponer.
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Política del agua en España