Principios.

• ​Transición ecológica, entendida en este caso como la protección, conservación y mejora de los espacios del agua, del recurso hídrico y de los ecosistemas relacionados, tanto en las cabeceras de los ríos como en los cursos principales regulados.
• Atención a las necesidades sociales (abastecimientos urbanos), usos económicos (hidroeléctricos e industriales), producción de alimentos (riegos con adecuada rentabilidad económica, social y ambiental) y usos deportivos, recreativos, terapéuticos, reserva, legado, etc. Todo ello dentro del marco del cambio climático y la sostenibilidad ambiental.
• Reto demográfico, con sostenimiento de las actividades en las áreas vacías/vaciadas, (residenciales, deportivas y recreativas). Aprovechar la utilización de residencias intermedias y secundarias por las posibilidades del teletrabajo para revitalizar las áreas vaciadas. 
• ​El Plan hidrológico de la cuenca del Tajo se tiene que elaborar sobre la base de sus propios recursos. No tiene, en principio, nada que ver con el Trasvase Tajo-Segura. La Ley 21/1971, de 19 de junio, en su Preámbulo establece: «En primer lugar y para mayor garantía de los distintos usuarios de la cuenca del Tajo, que no han de ver mermadas sus posibilidades de desarrollo por la escasez de recursos hidráulicos como consecuencia del trasvase». Por consiguiente, la cuenca del Tajo ha de establecer la planificación de sus necesidades de todo tipo en relación con sus propios recursos; los excedentes son los sobrantes (según el Diccionario de la Real Academia Española), que hubiere o pudiere haber en cada momento y circunstancia. Máxime teniendo en cuenta que la cuenca del Segura cuenta con recursos alternativos (desalación de agua del mar) para subvenir al exceso de sus necesidades respecto a los recursos propios, como se hace en Almería. El principio de solidaridad debe establecerse respecto a los ciudadanos y no a los recursos naturales de cada territorio.